Corte de Lima incorpora a 33 fedatarios informáticos

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), Dra. Miluska Cano López, tomó juramento a 33 nuevos Fedatarios con especialización en Informática (FJEI), profesionales acreditados para actuar con fe pública en entornos digitales.

El evento, realizado en la sede Alzamora Valdez, contó con la presencia del exjefe del Consejo de Ministros, Dr. Pedro Angulo Arana, así como de la jefa de la Oficina Desconcentrada de Atención al Ciudadano (ODANC), Mirtha Bendezú Gómez.

Durante su intervención, la Dra. Cano López resaltó la importancia de fortalecer el sistema de justicia a través de la modernización tecnológica. “La justicia no puede quedarse atrás mientras el mundo avanza a pasos agigantados. Estos profesionales, miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, han cumplido con los requisitos legales y están preparados para enfrentar los desafíos del entorno digital”, señaló.

Los nuevos fedatarios informáticos recibieron sus certificados de idoneidad técnica de manos de la Dra. Cano y del Dr. Angulo. En representación del grupo, el letrado Luis Enrique Aguilar Janto agradeció el respaldo institucional y renovó el compromiso de los fedatarios informáticos con la legalidad y la protección de la ciudadanía.

Por su parte, la coordinadora del programa FJEI, Rosmary Rondón Barriga, destacó que estos profesionales serán “los guardianes de la verdad en el universo digital”, encargados de asegurar la autenticidad documental frente al creciente fenómeno de la ciberdelincuencia y el fraude digital, tanto a nivel nacional como internacional.

Nota de Prensa de ANDINA Agencia Peruana de Noticias

Fuente:  https://bit.ly/4fzgPgH

El eslabón más débil… y el más fuerte

La transformación digital, catalizada drásticamente por la pandemia, ha reconfigurado los hábitos sociales y empresariales de manera irreversible. Un estudio de ESAN, subraya esta metamorfosis señalando que la pandemia aceleró nuevos hábitos drásticamente. El uso de plataformas y herramientas tecnológicas aumentó en al menos 300%. Se evidenció un crecimiento exponencial de aplicaciones e-commerce, pagos y transacciones online, la telemedicina, la educación a distancia, el teletrabajo, entretenimientos, juegos entre otros aspectos de nuestra vida diaria. Inevitablemente, esta expansión del espacio digital ha traído consigo una intensificación proporcional de los riesgos asociados, haciendo que el diálogo sobre ciberdelincuencia sea, en esencia, un diálogo sobre ciberseguridad.

Lejos de ser una amenaza abstracta, la ciberdelincuencia presenta cifras alarmantes en el Perú. Un estudio de FortiGuard Labs, difundido en junio de 2025, reveló la asombrosa cifra de 45,000 millones de intentos de ciberataques, un volumen que supera con creces los registros del año 2023. Este escenario se ve agravado por la integración de la inteligencia artificial en las tácticas de los atacantes, lo que aumenta la eficacia de sus intentos.

Los datos oficiales refuerzan esta preocupante realidad. Según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), en 2024 se registraron más de 42,000 denuncias por delitos informáticos. De estas, el fraude informático representó el 69% y la suplantación de identidad un 22%. El impacto económico es igualmente devastador, con robos informáticos que superaron los 90 millones de soles solo en Lima durante el mismo año. Estas cifras, que se traducen en más de 100 casos diarios a nivel nacional según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, demuestran que ninguna organización, independientemente de su tamaño, es ajena a este flagelo.

En el actual ecosistema digital, la ciberdelincuencia se ha consolidado como una amenaza tangible y creciente, particularmente para el dinámico sector de las micros, pequeñas y medianas empresas. Este artículo tiene como propósito fundamental concienciar a los emprendedores y usuarios sobre la magnitud de este riesgo, no desde una perspectiva de temor, sino del empoderamiento con el conocimiento. Se argumenta que, si bien el factor humano es a menudo el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad, una adecuada cultura de buenas practicas puede transformarlo en la primera y más efectiva barrera de contención contra las amenazas digitales.

La materialización de estos delitos ocurre a través de un diverso y evolutivo espectro de modalidades. Entre las más prevalentes se encuentran:

  • Phishing: Considerado el tipo de fraude más denunciado, consiste en la clonación de sitios web, usualmente de entidades bancarias, para la sustracción de datos personales y credenciales.
  • Ataques a vectores financieros: Modalidades como el Carding (acceso ilegal a tarjetas para compras fraudulentas), el hackeo de tarjetas en plataformas de pago  y la evolución de troyanos bancarios enfocados no solo en el robo de dinero, sino de información confidencial, son cada vez más sofisticadas.
  • Explotación de dispositivos móviles: La venta de smartphones con spyware preinstalado , la vulnerabilidad intrínseca de sistemas operativos masivos como Android  y el SIM Swapping (clonación del chip para acceder a cuentas bancarias)  convierten al dispositivo personal en una puerta de entrada crítica.
  • Ingeniería social y suplantación: A través de redes sociales y WhatsApp, los delincuentes suplantan la identidad de un individuo para engañar a sus contactos y solicitar dinero. El Thief Transfer, que utiliza celulares robados para cometer fraudes, es otra manifestación de este vector.

El análisis de las tácticas de ciberdelincuencia revela un patrón consistente: la explotación de sesgos cognitivos y gatillos mentales inherentes al ser humano. Por ejemplo, la curiosidad activadas a través de mensajes como «Revisa esta foto en la que te etiquetaron»; la urgencia con mensajes similares a «Tu cuenta será suspendida en 2 horas», otro gatillo mental utilizado es el relativo a la autoridad con mensajes «Soy del área de sistemas, necesito tu clave» o activando el  miedo con avisos como «Hemos detectado un virus, instala este software» son utilizados para manipular o inducir al usuario a cometer errores.

Estos gatillos explotan vulnerabilidades conductuales profundamente arraigadas, como una deficiente gestión de contraseñas. El uso de credenciales débiles y la reutilización de la misma contraseña en múltiples servicios exponen al usuario a un riesgo sistémico: un solo descuido puede comprometer toda su identidad digital. A esto se suma la ligereza de escribir contraseñas en notas adhesivas o en archivos sin cifrar.

Otro comportamiento de alto riesgo es la resistencia a las actualizaciones de software. Posponer una actualización es, en términos prácticos, dejar una puerta abierta a vulnerabilidades conocidas, ya que una actualización no solo introduce nuevas funcionalidades, sino que «parcha agujeros de seguridad». Este comportamiento, sumado al «clic inconsciente» —la tendencia a abrir enlaces y descargar archivos adjuntos sin una verificación previa del remitente o de la URL real— configura el principal vector de compromiso para la mayoría de los usuarios y organizaciones.

La premisa fundamental es que no se necesita ser un experto en tecnología para estar protegido. La defensa más eficaz reside en la adopción de una cultura de «buenas practicas», que se integra en los hábitos diarios. Esto implica pensar antes de hacer clic, ser escéptico ante solicitudes inesperadas y bloquear los equipos al ausentarse. Si se tiene personal a cargo, es crucial dialogar sobre estos temas para convertirlos en aliados en la defensa.

Las buenas prácticas se pueden articular en torno a acciones concretas y de alto impacto:

  • Fortalecimiento de credenciales: La base de la seguridad personal reside en el uso de contraseñas fuertes, idealmente «frases de contraseña» largas y fáciles de recordar, y la activación de la autenticación de dos factores (2FA). El 2FA actúa como una doble cerradura, siendo una de las capas de seguridad más efectivas contra el robo de credenciales.
  • Vigilancia activa («Ojos de Halcón»): Se debe cultivar el hábito de verificar siempre la dirección del remitente, desconfiar de saludos genéricos, inspeccionar la URL real de los enlaces antes de hacer clic y cuestionar los mensajes con un tono excesivamente alarmista o urgente.
  • La «Vacuna digital»: Es importante configurar las actualizaciones automáticas en sistemas operativos, navegadores y antivirus. Esta es la forma más sencilla de protección contra las amenazas más recientes. Asimismo, debemos abandonar el uso de software pirata o «gratuito» de fuentes no confiables, pues a menudo oculta malware.

El impacto de la ciberdelincuencia en las micros, pequeñas y medianas empresas y en la vida del ciudadano común y corriente es una amenaza constante que puede frenar su crecimiento. Sin embargo, la solución no radica únicamente en la implementación de complejas infraestructuras tecnológicas, sino en la formación de la primera línea de defensa: los usuarios, empleados y los propios emprendedores.

El cambio hacia buenas prácticas no debe ser brusco o tajante, todo lo contrario debe ser incremental. No se debe intentar hacer todo a la vez. El compromiso de realizar una acción concreta —como activar el 2FA en el correo principal, instalar un gestor de contraseñas o realizar una primera copia de seguridad en la nube— puede significar un salto cualitativo en la postura de seguridad. Como bien se afirma, «un pequeño paso hoy es un gran salto en tu seguridad mañana».

En última instancia, la ciberseguridad trasciende el ámbito técnico para convertirse en una competencia cívica en el siglo XXI. Fomentar una cultura de buenas practicas, donde la prudencia y la verificación se conviertan en actos reflejos, es la estrategia más rentable y efectiva para que las organizaciones empresariales y los individuos puedan navegar el entorno digital con seguridad, transformando el eslabón más débil en su activo de defensa más formidable.

El notariado virtual en países anglosajones: Una visión general

El concepto y la práctica del notariado difieren significativamente entre los países de tradición jurídica romano-germánica (como en el Perú) y los países anglosajones (common law), como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

En los países anglosajones, la figura del «Notary Public» generalmente tiene funciones más limitadas en comparación con el notario latino. Sin embargo, la digitalización ha comenzado a transformar incluso este modelo.

En Estados Unidos, la mayoría de los estados permiten el notariado electrónico (Electronic Notarization), que implica el uso de firmas y sellos electrónicos en documentos digitales, requiriendo la presencia física tanto del notario como del firmante en el mismo lugar. Adicionalmente, un número creciente de estados ha adoptado leyes de Notariado Remoto en Línea (Remote Online Notarization – RON), posibilitando que el notario y el firmante comparezcan ante una cámara web desde ubicaciones separadas, a través de procesos que a menudo involucran verificación de identidad basada en reconocmiento facial, análisis de credenciales y firmas digitales. La Uniform Electronic Transactions Act (UETA) y la Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-SIGN) federal han establecido las bases legales para las transacciones y firmas electrónicas, facilitando el desarrollo de ambas modalidades de notariado.

En el Reino Unido, si bien existen Notarios Públicos con un rol tradicionalmente enfocado en la autenticación de documentos para uso internacional, han surgido servicios de notarización en línea (online notarisation). Estos servicios permiten a los usuarios reunirse con un Notario Público a través de videoconferencia para firmar y certificar documentos digitalmente, aprovechando la legislación que permite la firma electrónica. Estos servicios suelen destacar por su conveniencia, disponibilidad 24/7 y la capacidad de atender a clientes en cualquier parte del mundo.

Por su parte, Canadá ha avanzado en la notarización digital (digital notarization), con la mayoría de las provincias y territorios adoptando la Uniform Law Conference of Canada’s Online Notarization Model Act. Esto permite la autenticación remota de firmas y la certificación de documentos a través de videoconferencias y plataformas seguras. La legislación provincial, como la O Reg 431/20 en Ontario, ha formalizado la administración remota de juramentos y declaraciones.

En el caso de Australia, si bien existen Notarios Públicos que realizan funciones tradicionales, se está explorando la notarización remota en línea (remote online notarization), principalmente para documentos destinados a ser utilizados en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. El Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) de Australia también proporciona servicios notariales a través de sus embajadas y consulados, aunque estos no son completamente en línea.

Es decir, los países anglosajones están adoptando progresivamente el notariado virtual, aunque con enfoques y marcos regulatorios diversos. Estados Unidos y Canadá han implementado modelos más amplios de notarización electrónica y remota en línea, mientras que el Reino Unido y Australia están viendo el surgimiento de servicios en línea, a menudo con un enfoque en la autenticación para uso internacional o aprovechando plataformas de otros países. La tendencia general apunta hacia una mayor aceptación de las soluciones digitales para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios notariales, incluso dentro del marco del common law.

 

Aplicación en la realidad peruana

En contraste con el panorama de digitalización en países anglosajones, donde es crucial distinguir entre la notarización electrónica (Electronic Notarization), que a menudo requiere la presencia física del «Notary Public» y el firmante en el mismo lugar aunque los documentos se gestionen digitalmente, y el Notariado Remoto en Línea (Remote Online Notarization – RON), que permite la comparecencia virtual, en nuestro país, se podría potencial el rol del fedatario informático dentro del marco de la Ley Nº 27269 de Firmas y Certificados Digitales. La implementación de plataformas seguras permitiría al fedatario certificar firmas digitales en actuaciones empresariales y trámites privados sin necesidad de presencia física. Esto garantizaría el no repudio y la autenticidad de la voluntad expresada. La intervención de fedatarios informáticos en el entorno digital peruano, utilizando herramientas tecnológicas y protocolos definidos, podría agilizar procesos y fortalecer la seguridad jurídica, ampliando su rol tradicional hacia una certificación remota similar al RON y contribuyendo a la eficiencia del entorno empresarial digital.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Asociación para la Información Digital con Valor Legal. FEDAS.pe se deslinda de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.

Estonia: Pionera en la Digitalización de la Fe Pública y el Notariado Virtual

Estonia, una nación que ha abrazado la digitalización con fervor y visión de futuro, se erige como un referente global en la transformación de los servicios públicos. En este contexto, el notariado virtual en Estonia no es una mera adaptación tecnológica, sino una extensión natural de una sociedad inherentemente digital. Al integrar de manera profunda la identificación electrónica, la firma digital cualificada y plataformas en línea seguras, Estonia ha logrado redefinir la forma en que se ejerce la fe pública, ofreciendo un modelo eficiente, accesible y seguro para la realización de actos notariales.

El pilar fundamental sobre el que se asienta el notariado virtual estonio es su avanzado sistema de identificación electrónica. La ID-kaart, obligatoria para los residentes y accesible a través del innovador programa e-Residency para ciudadanos no estonios, proporciona una llave de acceso segura al mundo digital del país. Esta tarjeta, equipada con un chip criptográfico, permite la autenticación inequívoca de las partes en línea, eliminando la necesidad de la presencia física para la identificación en muchos casos. La firma digital cualificada, intrínsecamente ligada a la ID-kaart, otorga a los documentos firmados electrónicamente la misma validez legal que una firma manuscrita, un elemento crucial para la realización de actos notariales a distancia.

El proceso de notariado virtual en Estonia se articula a través de plataformas en línea seguras, desarrolladas tanto por el gobierno como por los propios notarios. Estas plataformas actúan como un espacio virtual donde las partes pueden interactuar, revisar documentos y expresar su voluntad ante el notario. En muchos casos, la videoconferencia se integra al proceso, permitiendo al notario verificar la identidad de las partes de forma visual y asegurarse de su comprensión y consentimiento libre e informado del acto que se formaliza. La combinación de la identificación electrónica robusta y la interacción virtual supervisada por el notario busca replicar, en el entorno digital, las garantías de seguridad jurídica que tradicionalmente ofrece la presencia física.

Las ventajas de este enfoque son evidentes. La eficiencia y la rapidez se incrementan significativamente al eliminar la necesidad de desplazamientos y coordinaciones complejas. La accesibilidad se expande, permitiendo a individuos y empresas, independientemente de su ubicación geográfica, realizar actos notariales en Estonia, siempre que posean la infraestructura digital necesaria, como la ID-kaart o la e-Residency. La seguridad jurídica se mantiene e incluso se fortalece gracias a la solidez de los sistemas de identificación y firma digital. Además, la comodidad de poder realizar trámites importantes desde cualquier lugar con conexión a internet representa un valor añadido considerable en la era digital.

Sin embargo, es importante reconocer que el modelo estonio, aunque avanzado, no implica la virtualización total de todos los actos notariales. Ciertos actos que por su naturaleza o por la legislación específica requieren una presencia física ineludible aún se realizan de manera tradicional. No obstante, incluso en estos casos, la infraestructura digital estonia puede facilitar etapas previas del proceso, como la revisión y preparación de documentos.

En ese sentido, Estonia se presenta como un faro en la digitalización del notariado. Su enfoque integral, que combina una sólida infraestructura de identificación electrónica con plataformas virtuales seguras y la supervisión del notario a través de videoconferencia, ofrece un modelo prometedor para el futuro de la fe pública. Si bien cada país debe adaptar las soluciones a su propio contexto legal y social, la experiencia estonia demuestra el potencial de la tecnología para modernizar y democratizar el acceso a los servicios notariales, marcando un camino a seguir en la evolución del notariado en la era digital.


¿Se podría replicar en el Perú?

Considerando la experiencia pionera de Estonia en la digitalización del notariado, basada en una sólida identificación electrónica y plataformas virtuales seguras, se podrían extraer ideas para la implementación en nuestro país. Al igual que Estonia, se podría aspirar a crear una plataforma única que integre la identificación digital (DNI electrónico) y la firma digital para facilitar diversos actos notariales de forma remota. En este contexto, el rol del fedatario informático peruano sería fundamental para garantizar la autenticidad y validez de los documentos digitales generados en esta plataforma única, supervisando la aplicación de la Ley Nº 27269 de Firmas y Certificados Digitales y el cumplimiento de normativas como el Decreto Legislativo N° 681 para las microformas. Además, la experiencia de la Unión Europea en la creación de resoluciones que impactan a las empresas en el ámbito digital podría ofrecer un marco de referencia para desarrollar normativas en este campo, incluyendo el ámbito de inmuebles, donde la intervención del fedatario informático podría asegurar la integridad de los registros. La integración de tecnologías seguras, la definición de procedimientos claros y la potenciación del rol del fedatario informático serían cruciales para modernizar la fe pública en nuestra realidad, siguiendo el ejemplo de Estonia y considerando las directrices europeas para un entorno empresarial digital robusto.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Asociación para la Información Digital con Valor Legal. FEDAS.pe se deslinda de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.

Revolución Digital Inmobiliaria: El Fedatario Informático y la Nueva Era de la Fe Pública en el Perú

La digitalización, aunque omnipresente en la mayoría de los sectores a nivel mundial, encuentra una notable excepción en el ámbito inmobiliario peruano. Mientras que industrias como las finanzas, la logística y el comercio electrónico han experimentado una transformación integral, adoptando herramientas y metodologías digitales para optimizar su desempeño y mejorar la interacción con el usuario, el campo inmobiliario en el Perú se aferra a prácticas operativas que recuerdan a épocas pasadas. Esta situación se caracteriza por una marcada inclinación hacia el manejo de documentos físicos, procedimientos burocráticos que consumen tiempo y una evidente ausencia de integración digital, lo que no solo genera ineficiencia y costos adicionales para todos los involucrados en las transacciones de propiedades, sino que también plantea serias interrogantes sobre la certeza legal y la transparencia de los procesos

En consecuencia, la génesis del problema se halla en la compleja interacción de diversos elementos, destacando la singularidad del ordenamiento jurídico peruano respecto a la validación de documentos. Dentro del territorio peruano, la facultad de otorgar autenticidad legal a los documentos se distribuye entre dos categorías profesionales distintas: el notario, cuya práctica se centra en la gestión de registros físicos y protocolos notariales, y el Fedatario Juramentado con Especialización en Informática Jurídica, un experto en el ámbito digital. Aunque esta dualidad podría interpretarse como una ventaja, el rol que se le confiere al fedatario conlleva a un potencial beneficioso aún mayor al del notario, pudiendo este mismo acelerar procesos en el tráfico jurídico patrimonial en el sector inmobiliario.

En la práctica cotidiana, a pesar de su capacitación especializada y su profundo dominio de la gestión de información digital, el Fedatario Juramentado se enfrenta a una marcada limitación en sus atribuciones, cuya justificación resulta ardua. Su esfera de acción se restringe al manejo de documentación y la validación de formatos de microfilmación, excluyéndosele de la posibilidad de certificar contratos inmobiliarios en formato electrónico. Esta restricción constituye una incongruencia, especialmente si se considera la creciente necesidad de adoptar un modelo de contratación inmobiliaria digitalizada, y representa un desaprovechamiento de las capacidades de un profesional idóneo para liderar esta transición hacia la modernización.

Sumado a esto, la carencia de un marco regulatorio completo y actualizado para la validación electrónica en el sector inmobiliario agudiza la situación. La normativa vigente no establece de manera clara y precisa los procedimientos necesarios para la autenticación y certificación de documentos digitales en este ámbito, lo que genera incertidumbre legal y desincentiva la adopción de tecnologías digitales. Esta laguna jurídica obstaculiza el desarrollo de un sistema de validación electrónica sólido y confiable, fundamental para asegurar la legitimidad e integridad de los contratos inmobiliarios digitales. La ausencia de una reglamentación adecuada también complica la definición de roles y responsabilidades claras para los diversos actores involucrados en el proceso de validación electrónica, lo que puede provocar confusiones y litigios que minan la confianza en el sistema.

En una perspectiva distinta, la ausencia de una red informática nacional que permita la comunicación entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), las municipalidades y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), entre otras entidades, dificulta las operaciones inmobiliarias. La carencia de un sistema que conecte a estas instituciones obstaculiza la revisión en tiempo real de documentos y firmas electrónicas. Esta falta de enlace entre sistemas genera validaciones de información ineficaces, alarga los plazos de trámites y aumenta el riesgo de fraudes y errores. Por lo tanto, establecer una red nacional interconectada es indispensable para optimizar los procesos, disminuir la burocracia y asegurar la transparencia en las operaciones en el campo inmobiliario, elementos cruciales para la confianza en el sector.

A partir de lo anterior, la yuxtaposición de estos factores — la interpretación ambigua de la validez legal y las restricciones operativas del experto en digitalización jurídica, sumado a la carencia de un marco regulatorio pertinente y la falta de un sistema nacional integrado — desencadena efectos de gran alcance en el sector inmobiliario peruano. La inseguridad jurídica, derivada de la ausencia de mecanismos de certificación digital confiables, potencia el riesgo de fraude, robo de identidad y falsificación de documentos, lo que a su vez fomenta la desconfianza en las operaciones inmobiliarias y puede inhibir la inversión. La ineficiencia y los costos excesivos vinculados al manejo de documentación física encarecen los procesos y limitan el acceso a la vivienda, especialmente para los segmentos poblacionales más desfavorecidos, lo que tiene un impacto social adverso. Además, la falta de modernización del sector inmobiliario perjudica la competitividad del país a nivel global, restringiendo su capacidad para atraer capital y generar crecimiento económico, con repercusiones en el desarrollo económico general.»

En la situación actual, y considerando la complejidad del panorama, se vuelve indispensable la implementación de una transformación profunda que permita la actualización de los procesos de autenticación digital dentro del sector inmobiliario peruano. La extensión de las competencias del experto en informática jurídica, habilitándolo para ejercer como un funcionario digital especializado en la validación de documentos electrónicos en las transacciones inmobiliarias, se presenta como una medida esencial en este proceso de cambio. Para que esta reforma sea efectiva, debe complementarse con la instauración de un marco legal claro y actualizado que garantice la seguridad jurídica y establezca directrices precisas para la validación digital, así como con el desarrollo de un sistema nacional integrado que facilite la comunicación entre sistemas y agilice los procedimientos. Esta actualización representa una oportunidad fundamental para robustecer la seguridad jurídica, simplificar los trámites, disminuir los costos y fomentar la transparencia en las transacciones inmobiliarias en el Perú. Es importante destacar que la modernización del sector inmobiliario no solo beneficiará a los actores directamente involucrados en las operaciones, sino que también contribuirá de manera significativa al desarrollo económico y social del país en su conjunto.

Dentro de este marco, se plantea la necesidad de expandir las atribuciones del experto en digitalización legal para la validación de contratos inmobiliarios en formato electrónico, a través de la modificación del artículo 3 del Decreto Legislativo 681. La meta principal de esta propuesta reside en el fortalecimiento de la seguridad jurídica en las transacciones digitales y el impulso de la digitalización del sector inmobiliario peruano, promoviendo así su modernización y optimización operativa en favor del tráfico jurídico patrimonial.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Asociación para la Información Digital con Valor Legal. FEDAS.pe se deslinda de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.

GOBIERNO DIGITAL: Generando valor

En la actualidad, la transformación digital está presente en casi todas las esferas de la vida pública y privada de la sociedad. En el ámbito público, el Estado peruano, a través del Catálogo Oficial de Aplicativos Móviles del portal GOB.PE, ofrece a la ciudadanía diversos aplicativos diseñados y desarrollados para brindar orientación, información y servicios específicos.

Hace algunos años, el concepto de gobierno electrónico se centraba en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para optimizar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Con ello, se buscaba superar las barreras geográficas y temporales, mejorando la eficiencia y eficacia en la atención y tramitología de los diferentes procesos y procedimientos burocráticos en todos los niveles de gobierno. Hace una década, el gobierno digital aún estaba en desarrollo y se utilizaba el término «gobierno electrónico» para englobar todas estas prácticas, ya que la atención se centraba principalmente en el uso de las TIC para mejorar la interacción entre el Estado y la sociedad.

En el Perú, el proceso de transformación digital se impulsa por la decisión del gobierno del Pedro Pablo Kuczynski de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es entonces, que a través de la Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo N° 1412) del 2018 y su posterior reglamentación marcan un avance cualitativo en la aplicación del concepto de gobierno digital.

Este salto cualitativo radica en que no solo se utilizan las TIC como plataforma de interacción, sino que se busca generar un valor adicional en este proceso. Ya no se trata solo de digitalizar trámites y servicios, sino de potenciarlos con nuevas tecnologías como la nube, big data, inteligencia artificial, accesibilidad móvil e interoperabilidad entre entidades públicas e incluso instituciones privadas.

El Catálogo Oficial de Aplicativos Móviles del portal GOB.PE presenta, en la actualidad, 105 aplicativos que abordan diversas temáticas, desde seguridad ciudadana, como por ejemplo, con la aplicación «Súper Búho» de la Policía Nacional del Perú hasta temas de salud, educación, medio ambiente, trámites documentarios de la ONPE, nutrición, información judicial, tributación, pagos bancarios, sismografía entre otros.

Un ejemplo destacado es el aplicativo Págalo.pe, que ofrece una pasarela electrónica para realizar pagos de servicios públicos con tarjeta de crédito, débito y billeteras electrónicas. Esta iniciativa, que surgió para brindar una solución de pago rápido, seguro y sencillo, cuenta con un avanzado sistema de interoperabilidad que reúne a 29 entidades del Estado, como Reniec, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, SUNAT y otras, permitiendo efectuar 512 trámites, ahorrando tiempo y recursos a la ciudadanía para realizar pagos que anteriormente se llevaban a cabo de forma física.

Otro ejemplo de este nuevo enfoque es el servicio de Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo, que reúne información de Reniec, Poder Judicial, INPE, Policía, Sunedu, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación, ahorrando tiempo y dinero a los postulantes a ofertas laborales, debido a que anteriormente, tenían que efectuar diversos trámites para lograr reunir información personal como antecedentes policiales, judiciales y penales, además, de información de SUNEDU y de certificaciones laborales.  Aunque no se trata de una aplicación móvil, sino de un servicio web, este ejemplo ilustra cómo la interoperabilidad optimiza los servicios al ciudadano.

En contraste, el aplicativo “Agenda del Pleno” del Congreso de la República ofrece una comunicación informativa unidireccional, mostrando información actualizada sobre la agenda del Pleno, dictámenes de comisiones, proyectos de ley y enlaces al canal de televisión del Congreso. Este aplicativo nos permite observar el enfoque anterior donde solo se ofrecía un determinado servicio específico generando poco impacto en la sociedad.

En conclusión, el nuevo enfoque del gobierno digital se centra en generar valor añadido a través de la interoperabilidad, la inteligencia artificial, el big data y la información en la nube. La transformación digital, impulsada por las nuevas tecnologías, permite ofrecer productos digitales que facilitan la relación de los ciudadanos con el Estado al generar un mayor impacto y mejorar su calidad de vida.

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Asociación para la Información Digital con Valor Legal. FEDAS.pe se deslinda de cualquier responsabilidad derivada de las mismas.